Verdemar es una ONG. que con su trabajo realizado principalmente por voluntarios , con escasos recursos económicos, su lucha es una clara defensa por el bien común y el medio ambiente (Trabajan altruistamente para todos), sin embargo tras denuncia, si esta asociación quiere seguir trabajando para que un espacio que afecta a la RedNatura 2000, se les exige desde los juzgados una elevada cantidad de dinero no asumible para esta asociación. (10.000 €)
Artículo aparecido en el diario EuropaSur
Los órganos de Gobierno pertinentes así como los Jueces parecen desconocer o ignorar sistemáticamente el Convenio firmado por España en Aarhus. El Convenio de Aarhus es un acuerdo internacional que garantiza el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. En resumen, permite que la ciudadanía tenga voz y voto en las decisiones que afectan al medio ambiente. No se cumple en Cádiz y los juzgados que disponen dentro de la UE de una oficina jurídica en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para consultas sobre la aplicación del Derecho de la UE. Que sirve para asesorar a jueces y magistrados con el objeto de aclarar la legislación europea y sus posibles divergencias con la legislación aplicada en España, sus comunidades o provincias. Es de orden superior las Directivas y Normativas europeas, ante la legislación nacional, diferentes autonomías, en incluso entre provincias de una misma región.
La Constitución española en su artículo 45 señala que “los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. Y, “para quienes violen lo dispuesto se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado”.
Es así, que desde el COCN. consideramos que “Verdemar” está cumpliendo con su obligación y consideramos que la administración judicial no está viendo la jerarquía de las normas, es decir la primacía del derecho europeo sobre el derecho nacional o regional.
Una justicia se muestra muy poco sensible a la conservación del Medio Ambiente y la legislación ambiental así como de participación según las normas europeas.
Desde el COCN. durante 2017 y 2018 pudimos comprobar dicha falta de sensibilidad y desconocimiento de la norma europea dirigidos hacia nuestra propia asociación. En similares circunstancias (Falta de recursos excómico, trabajo altruista y defensa del medio ambiente ) solicitamos acceso a la Justicia gratuita con el objeto de presentarnos y defender las cesiones del observatorio de Cazalla en Tarifa. El juzgado en Cádiz en primer lugar se equivocó y sobre nuestra misma causa abrió 2 expedientes distintos.
Cartas van cartas vienen por duplicado y los voluntarios del COCN. intentando contestar a magno jaleo. Finalmente, a pesar de que al Juzgado de Cádiz se le remitieron algo mas de 25 sentencias en las cuales se le otorgaba Justicia Gratuita a distintas pequeñas ONG ambientales repartidas por todo el territorio nacional, Cádiz dijo que No.
Pero la cosa no quedó así, en su último escrito el Juez nos advirtió contundentemente (casi amenaza) de que en el supuesto que siguiéramos reclamando la mencionada Justicia gratuita en Cádiz seriamos sancionados económicamente seriamente.
Desde el COCN. no pudimos defender nada a nivel ambiental o de justicia ante dichas amenazas llegadas del poder judicial. Pierde el Medio Ambiente y pierde la ciudadanía ante este tipo de actuaciones por parte de la justicia y la falta de aplicación del derecho europeo.
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